El portavoz del equipo de gobierno de Vila-real, Javier Serralvo, lamentó ayer la «demagogia» de la oposición ante el anuncio que realizó hace unos días el alcalde, José Benlloch, de estudiar una actualización del impuesto del IBI.

El edil recordó que en la actualidad el recibo de la contribución está al mismo nivel del 2011 y que, «al contrario de lo que dicen otros partidos con sus mentiras, no solo no se ha subido tres veces, sino que se llegó a bajar».

Asimismo, afirmó: «Después de la sangría del PP, que subió la contribución a todos los vila-realenses a la orden de un 20% anual, nosotros bajamos los impuestos». Y recalcó: «Fuimos los que, por primera vez en la historia, aprobamos una bajada de los tributos histórica, en el año 2014». «Más tarde, lastrados por las sentencias, empastres y contingencias urbanísticas del Partido Popular, tuvimos que volver a valores del 2011, que no han aumentado en estos ocho años», se justificó el portavoz municipal.

«Ahora, si estamos valorando esta posibilidad, es nuevamente a causa de la situación económica que atravesamos, motivada por la herencia de los populares, con más de 44 millones de euros pagados por facturas que encontramos los cajones», incidió.

Serralvo añadió al cómputo el préstamo de 20 millones de euros suscrito por los populares en el 2009, del que ya se han abonado unos 10 millones más los intereses. «Cada año disponemos de seis millones menos de los que ellos tenían para gestionar la ciudad. Tanto populares, como Ciudadanos y Compromís lo saben perfectamente y, en lugar de arrimar el hombro y ayudar a la localidad a salir adelante, prefieren la demagogia y faltar a la verdad», lamentó. «Lo que no podemos consentir es que Vila-real esté parada, esta ciudad no dejará de avanzar», concluyó el portavoz.

justificación / La semana pasada, el alcalde, José Benlloch, explicó la «difícil decisión» pidiendo «hacer un esfuerzo entre todos» a los vecinos de la localidad. En este sentido, pronosticó una recaudación de 2,5 millones de euros con el IBI para paliar una merma en ingresos de unos 1,5 millones y unos gastos que suben con el aumento del personal, así como los 600.000 euros que aportan a Reciplasa. Con esta medida, pretenden evitar alcanzar el 75% de deuda que supondría la intervención del Ministerio de Hacienda y «recortar los servicios».