El Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Vila-real y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), de fecha 31 de marzo del 2017, en la que se declaró nula la ocupación directa de uno de los solares sobre los que se edificó el colegio público José Soriano aprobada por la junta de gobierno del anterior ejecutivo local del exalcalde Juan José Rubert (PP), el 21 de diciembre del 2009.
Una resolución que, por tanto, da validez al precio establecido para esta parcela de 1.446 m2 por el jurado provincial de expropiación, de manera que el Ayuntamiento deberá hacer frente al pago de otros 1,1 millones de euros, a los que se sumarán los intereses de demora, lo que elevará la cifra hasta casi los 1,5 millones.
De esta forma, el Supremo reafirma un nuevo varapalo, fruto de la gestión urbanística del último ejecutivo popular y que, por otra parte, puede complicar más si cabe la elaboración del presupuesto del presente ejercicio del 2018 para cuya confección, como indicó el alcalde, José Benlloch días atrás, están haciendo «verdaderos encajes de bolillos».
En principio, y aunque el consistorio podría optar a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, esta última decisión judicial pone fin a 14 años de litigio del propietario del suelo con el Ayuntamiento, después de que en diciembre del 2009 se hiciera efectivo el acuerdo para la ocupación directa del mismo, como también ocurrió con otro solar de la citada superficie.
Y es que el terreno sobre el que se edificó el colegio José Soriano constaba de tres parcelas, una de ellas donada por la familia del empresario vila-realense José Soriano y otras dos de 1.446 m2 que fueron objeto de ocupación directa. En ambos casos, los dueños recurrieron a los tribunales esta decisión municipal y reclamaron la expropiación de la superficie.
ACUERDO // En octubre del 2013, el ejecutivo encabezado por Benlloch llegó a un acuerdo con uno de los afectados y aprobó un convenio de expropiación pactada por valor de 900.000 euros, a abonar en cuatro años y sin intereses, lo que supuso un ahorro de alrededor de medio millón de euros.
Un acuerdo al que no se pudo llegar con el segundo, quien reclamaba 1,3 millones, aunque el jurado de expropiación rebajó esta cifra hasta los a 1.130.940,78 euros, a la que se añadirán ahora los intereses generados durante el largo proceso judicial.
