En torno a una hora y media estuvo ayer declarando el técnico municipal Miguel Ángel Zorrilla, como investigado en el proceso que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real por presuntos delitos de falsedad, prevaricación y malversación de fondos, relacionados especialmente con los casi 600.000 euros de facturas de Piaf, cuyo pago autorizó el exalcalde popular Juan José Rubert -también investigado (antes imputado), junto al que fuera su edil de Servicios Públicos, Ramón Tomás; y al expresidente de Piaf, Antonio Pons- a través de un endoso que abonó un banco.
A las preguntas de la abogada del Ayuntamiento a Zorrilla, este indicó que atendía a las órdenes del concejal Tomás y que la contratación de obras no era su competencia, aunque sí la supervisión de los trabajos a realizar.
Asimismo, defendió que no rubricó facturas irregulares y que las que se remitieron al cobro como ejecutadas en otros municipios o no llevadas a cabo podían corresponder a errores informáticos del sistema que utilizaba la empresa Piaf. Y señaló que, cuando desde el departamento de Intervención se le requirió para verificar y firmar el paquete de recibos que entraron en el 2011, habló con el edil Tomás y este le dijo que no las firmaba al estar en funciones.
Según ha podido saber Mediterráneo, el juez que lleva el caso no realizó pregunta alguna al técnico municipal, aunque sí dijo no recordar cómo se revisaron algunos de los trabajos.
El empresario Antonio Pons alegó que, en la fecha en que se emitió el grueso de las facturas investigadas (el 2011), ya no estaba ligado a la mercantil Piaf, al desvincularse de ella y estar jubilado desde el 2010. Es por ello que el alcalde, José Benlloch, ha dado órdenes para se averigüe quién estaba al frente y pedir su citación.
Quien también acudió ayer al juzgado fue el exalcalde Rubert que, aunque no estaba citado, acudió allí para, al parecer, solucionar un posible error sobre la transcripción de su declaración. H
