El Ayuntamiento de Vila-real ha iniciado los trámites para tratar de evitar nuevas demandas judiciales relacionadas con la anulación del PAI Fritta, como la de Altamira Santander que le reclama 14,4 millones de euros. El alcalde, José Benlloch, anunció ayer que ha dictado una resolución que permitirá regularizar la situación de las fincas en el solar de la antigua Fritta, tras la sentencia que anuló la recalificación y el convenio firmado en el 2009 por el gobierno del PP que el TSCJV consideró en el 2013 “una ilegalidad”. Con esta medida, que supondrá la reversión de la titularidad de las parcelas que, en virtud de la modificación del PGOU del 2009, seguían registradas a nombre del Ayuntamiento, Benlloch pretende “proteger el interés de la ciudad ante posibles reclamaciones que puedan llegar de propietarios que se consideren afectados por la anulación de este PAI”. En este sentido, Benlloch explicó que la medida contempla la anulación de la inscripción en el Registro de la Propiedad de siete parcelas que constaban de propiedad municipal como áreas verdes y dotacionales asociadas a diferentes aprovechamientos urbanísticos en el proyecto. Ahora el consistorio ha notificado la decisión a los siete propietarios identificados (leáse bancos, la Agencia Tributaria, la Sociedad de Garantía Recíproca y la Sareb o banco malo), tras lo cual se abre un plazo de alegaciones y cuando finalice se considerará definitivamente regularizada la parcela. “A partir de ahí, los conflictos que puedan generarse serán entre los propietarios que hayan adquirido suelo en función de unas determinadas expectativas”, manifestó ayer el primer edil.

minimizar los riesgos // Benlloch incidió en que con esta decisión el equipo de gobierno “defiende los intereses de los vila-realenses al regularizar la situación con todas las garantías y minimizando los riesgos de los líos, empastres y malezas del Partido Popular”.

“Esta ilegalidad todavía no nos ha costado dinero, pero el solar de Fritta es una bomba urbanística y debemos estar preparados para que afecte lo mínimo a la ciudad”, puntualizó el alcalde.

Asimismo, con la regularización de las siete parcelas, el consistorio también se plantea el cobro del IBI, ya ha que hasta hora no había podido ejecutarlo al tratarse de unas fincas cuya titularidad es municipal. H