La junta de gobierno de Vila-real se ha declarado competente para realizar modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de una posibilidad que contempla la ley urbanística valenciana aprobada en verano del 2014, y que contó con la abstención del PSPV.

El objetivo de esta nueva competencia es, según explicó el alcalde de Vila-real, José Benlloch, “agilizar al máximo los trámites para la concesión de informes de impacto ambiental”. Hasta ahora el Ayuntamiento tenía que acudir a la Conselleria de Medio Ambiente para obtener los permisos para realizar cualquier recalificación de terrenos que afectara al PGOU, con lo que “los trámites se eternizaban”. Ahora bastará con el informe de los servicios técnicos del consistorio para realizar este tipo de proyectos, que solo pasarán por el pleno y la exposición pública pertinente.

El primer edil puso el ejemplo del párking municipal situado junto al hipermercado Carrefour, que el equipo de gobierno ha ofrecido --hasta el momento sin éxito-- al Gobierno de España para albergar la futura comisaría de la Policía Nacional. “Si finalmente el Ejecutivo central acepta estos terrenos, el Ayuntamiento sería el encargado de recalificarlos y que pasaran de zona verde y aparcamiento a urbanizable”, detalló.

ciudad pionera // El primer edil indicó que Vila-real es de los primeros municipios de la Comunitat en poner en práctica esta posibilidad que la normativa autonómica, en cuya redacción participó como diputado en Les Corts, otorga a las ciudades de más de 50.000 habitantes.

De hecho, no será la única atribución que la localidad asumirá procedente de la ley valenciana, puesto que el objetivo del equipo de gobierno es también “desactivar la bomba urbanística heredada del Partido Popular”, en palabras del munícipe. Así, en los próximos meses modificarán el plan general para que varias parcelas situadas en el casco urbano y catalogadas como industriales pasen a ser urbanas residenciales. El objetivo es “limitar el riesgo económico de los aprovechamientos urbanísticos”, que situó en 220 millones de euros.

Con esto el consistorio tendrá una bolsa de solares recalificados que facilitarán la negociación de estos derechos, que muchos propietarios adquirieron aprovechando lo que el alcalde llama “urbanismo a coste cero del PP”, que consistía en conseguir terrenos a base de conceder aprovechamientos. Una de las parcelas afectadas es la manzana de la antigua Maderas Clemente, situada frente al edificio de Correos. H