Técnicos municipales y equipo de gobierno ultiman las correcciones que se remitirán al Gobierno central respecto a la liquidación del presupuesto del pasado 2019 que, como explicó el alcalde, José Benlloch, acabará sin remanentes, una situación excepcional que el munícipe justificó en las dificultades económicas por las que atraviesa el Ayuntamiento «y confirma la necesidad que había de elaborar unas cuentas austeras y de reequilibrio, sin prácticamente ninguna inversión, para el presente ejercicio del 2020».

Este sería, en todo caso, el pronóstico más positivo. Y es que Benlloch reconoció ayer que la primera liquidación remitida el 1 de marzo al Ministerio de Hacienda arrojaba un déficit de unos 800.000 euros. Una cifra que se corrige ahora, al detectarse un error administrativo, por cuanto faltaba por incorporar algunos pagos --en torno a 340.000 euros-- de la Generalitat por el Fondo de Cooperación Municipal.

El munícipe ha firmado un decreto de alcaldía para reabrir la contabilidad del pasado ejercicio y rectificarla. «La previsión es que, después de incorporar algún dinero que no se había computado, se cierren las cuentas en equilibrio o, incluso, con algo de remanentes, pero muy pocos», informó el munícipe vila-realense.

OBLIGACIONES // Además, Benlloch ha avanzado que en estos tres primeros meses del año han surgido «sorpresas» que obligarán al equipo de gobierno a reajustar el presupuesto del 2020. En concreto, el alcalde cuantificó en 1.090.000 euros la suma de tres cuestiones que no estaban previstas.

El primer edil explicó que la primera de ellas afecta a todos los municipios de España y se refiere al incremento del 2% del salario de los funcionarios aprobado por el Gobierno central, «que supondrá un desembolso para las arcas municipales de 360.000 euros y que debe abonarse de forma retroactiva desde el 1 de enero».

Las otras dos cuestiones están relacionadas con las obras de mejora de los polígonos industriales de la ciudad, financiados en buena parte con subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), pero en las que «como ocurre habitualmente, se ha certificado un exceso de obra por la que el Ayuntamiento tiene que pagar alrededor de 224.000 euros, debido a la realización de trabajos que no se contemplaban en el proyecto inicial, pero que durante el desarrollo de las obras se han tenido que efectuar», dijo Benlloch.

Y la cantidad más importante a la que el consistorio tendrá que hacer frente en los próximos meses (un total de 506.000 euros) se refiere a la cifra que la justicia obliga a abonar por la expropiación u ocupación de parcelas «por los respectivos gobiernos locales del PP y que se corresponde con la valoración realizada por los técnicos municipales, que difiere en unos 200.000 euros de la efectuada por el Jurado Provincial de Expropiación y en 800.000 de la de los propietarios. El abono debe realizarse a muy tardar en agosto o septiembre, momento en el que generará intereses.