La aprobación por el Gobierno de un amplio paquete de reformas penales y procesales obedece, probablemente, a la necesidad de salir de un bache político y recuperar la iniciativa. Ahora bien, este conjunto de medidas no son improvisadas: estaban preparadas de antemano y, aunque quizá de forma menos espectacular, hubieran sido igualmente enviadas como proyectos de ley al Congreso por exigencias objetivas de la creciente inseguridad ciudadana.

En efecto, en el 2001 hubo en España un aumento del 10,5% de los delitos y en el 2002, del 5,5%. Además, el ciudadano percibe que han aumentado sensiblemente los delitos menores: tirones de bolsos, pequeños atracos en plena calle, hurtos y robos en establecimientos comerciales, oficinas y viviendas. El diagnóstico es, pues, unánime: el mismo Rodríguez Zapatero anunció hace unos meses que la seguridad sería un tema prioritario de su Gobierno. La necesidad de tomar medidas no la discute nadie. Lo discutible, en todo caso, son dos cuestiones: si para atajar el problema bastan medidas penales y procesales y si algunas de las propuestas son las adecuadas.

Garantizar la seguridad pública es, simplemente, asegurar que a todos los ciudadanos les sean respetados sus derechos. Para ello, el Estado puede establecer tres tipos de medidas: a) medidas preventivas para que la vulneración de derechos no llegue a producirse; b) medidas coactivas cuya finalidad sea detener y juzgar a los que transgredan la ley; c) medidas restauradoras de los derechos vulnerados, es decir, exigencia de responsabilidades civiles e imposición de sanciones penales. Cualquiera de estas medidas, siempre que sean proporcionadas a su legítima finalidad, son favorables a la libertad --es decir, a los derechos-- de los ciudadanos aunque, por supuesto, puedan reducir la libertad de quienes los jueces y tribunales han considerado culpables.

Las medidas preventivas son las más importantes y el plan del Gobierno, por el momento, no las contempla. Dos son indispensables: aumento del número de fuerzas de orden público y mejora de las políticas de bienestar social. Desde que el PP está en el Gobierno hay 7.000 policías menos. Este dato no puede desligarse del aumento de la delincuencia. Por tanto, además de cambios legislativos hay que aumentar y mejorar la organización y adiestramiento de las dotaciones policiales.

Por otro lado, las desigualdades sociales son el lógico caldo de cultivo de la delincuencia, especialmente del delito menor al que antes nos referíamos. Las políticas sociales --escuela pública, lucha contra el paro y la precariedad laboral, atención a los marginados, reeducación de drogadictos, acceso a la vivienda, buena sanidad, rehabilitación de barrios degradados-- son las claves para una mayor cohesión social que impida el desvío hacia la delincuencia. Este es un aspecto olvidado por los gobiernos central y autonómico que en los últimos años han dado prioridad a lo privado frente a lo público. La política económica neoliberal imperante --reducción de impuestos y disminución del gasto público-- es así un creciente foco de inseguridad.

Las medidas penales y procesales que el Gobierno propone son, en general, adecuadas. Especialmente acertadas son aquellas que introducen nuevos tipos delictivos respecto del delincuente habitual y la criminalidad organizada. Las mafias transforman la naturaleza de la criminalidad misma y, una vez instaladas, es muy difícil eliminarlas. Dudosa es la eficacia del aumento de las penas, aunque en algunos casos es acertada, y es probablemente inconstitucional el redactado de las nuevas causas de prisión provisional, así como la expulsión de inmigrantes. El hueco principal está en la falta de reformas de política penitenciaria, que debería orientarse hacia una verdadera reinserción social, fomentando las penas alternativas y el trabajo comunitario más que las simples salidas de fin de semana. El anuncio de la construcción de nuevas prisiones es coherente con la idea del aumento de duración de las penas y de la cárcel como simple lugar de castigo, pero la consecuencia de esta filosofía será que nunca habrá bastantes cárceles y no disminuirá la delincuencia.

En definitiva, la reforma era necesaria, pero las medidas son insuficientes.