Resulta como mínimo alucinante que una administración pública como el Ayuntamiento de Castellón no consulte su base de datos para localizar el domicilio de un vecino al que necesita notificar un asunto -caso de la multa que reproducimos en la página 18- cuando todos estamos perfectamente controlados en el padrón municipal con pelos y señales.
La burocracia conduce a situaciones tan increíbles como el que una multa municipal de tráfico ande dando vueltas durante 11 años sin que ningún negociado se moleste en cotejar los datos existentes en esa misma oficina y a los que tienen acceso desde cualquier terminal del sistema informático.
Curiosamente esas mismas informaciones con datos personales sí que se vienen utilizando para otras cuestiones en las que la administración tiene interés por diferentes motivos, llámese periodo electoral, por ejemplo. Con lo fácil que sería, si la administración se humanizase un poco, el acercar los servicios al ciudadano y mejorar al máximo todas aquellas actuaciones que afectan de cerca al vecino de a pie, que al final es también el sufrido contribuyente que paga de su bolsillo el capítulo primero de gastos.
