Vivimos tiempos difíciles. Se está librando una guerra y, sobre ella, cada uno de los cuatro millones de valencianos pueden, podemos, dar una opinión personal, hacer nuestro propio análisis y sacar diversas conclusiones. Sólo en una cosa coincidimos, todos, de una u otra forma, buscamos la paz.
Es lícito y saludable que todos los ciudadanos podamos manifestar nuestra opinión, más en ocasiones como la que nos agita estos días, pero también es lícito que esta manifestación del sentir personal no afecte a nuestro trabajo, y lógicamente no afecte la acción de gobierno. Mucho más, cuando es obligación de los representantes de los ciudadanos cumplir con la gestión en cualquier circunstancia.
En las Cortes se han aprobado dos leyes muy importantes para el colectivo de personas con discapacidad, que representa un 9 por ciento de la sociedad valenciana, algo más de 312.000 ciudadanos. Dos iniciativas legales que renuevan el compromiso del Gobierno de mejorar la calidad de vida de un colectivo que, hasta hace poco, eran invisibles para la sociedad.
Es triste que la mano tendida a la sociedad, sólo haya sido extendida por el grupo Popular, ante la indiferencia del resto. Estas leyes -Estatuto de las Personas con Discapacidad y La Ley de Perros de Asistencia para Personas dependientes- no pertenecen a un partido político, sino que son leyes hechas por los discapacitados y para los discapacitados.
Hace unos meses, se convocó un encuentro entre los representantes del movimiento asociativo de la discapacidad y los diversos grupos parlamentarios valencianos, sólo los representantes populares acudieron a la cita. Se rechazó la oferta de consenso y mejora de un texto que se había modelado palabra por palabra en casi dos años de diálogo abierto con los diferentes colectivos de personas con discapacidad. Ayer, aquellos que se llaman así mismos representantes del pueblo, aquellos que asumen y manipulan la defensa de la igualdad y la libertad, vestidos con pinturas de guerra electoral y con la demagogia y el sofismo por estandarte, renunciaron a sus obligaciones parlamentarias y, ocultos bajo arengas belicosas en aras de la paz, votaron en contra de una iniciativa ciudadana.
A esos que se les llena la boca con términos como respeto, solidaridad, integración, y defensa de las libertades, yo les digo que no se puede hablar de respeto, cuando se hurta el debate político. Tampoco de solidaridad, cuando se excluye a una parte de la sociedad tantos años olvidada para articular una zafia estrategia política.
Y que decir de la voluntad de integración, aniquilada por la irreverencia y el rechazo de una normativa que incluye notables mejoras en este apartado, sin olvidar la educación y la formación profesional. ¡Eso es defender las libertades! Usar el parlamento como una valla publicitaria, o como un mercado en el que vender y comprar voluntades sociales, sin el menor interés por las necesidades y las demandas de los ciudadanos.
No se defienden las libertades por una votación gregaria, menos si es contra una ley consensuada con la sociedad, y aún se socava más si cabe esa defensa, cuando sólo hay cuatro parlamentarios de la oposición para defenderlas.
No se puede jugar a ser estadistas o defensores de la libertad internacional, cuando se renuncia a gobernar en tu propio territorio. Si se quiere llegar gobernar un país, no se puede anteponer la voluntad de un partido a la de un servicio social. El fin no justifica los medios. En política no vale todo, lo que vale es trabajar por y para los ciudadanos, sin esperar que ello tenga un rédito político en las próximas elecciones.
