El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el primer artículo de este cuerpo legal se afirmaba que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", y que "dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".
Todos los días vemos ejemplos de que una ley, por muy universal que sea, depende de la voluntad de las personas, y de los gobiernos, para su cumplimiento efectivo. No hay mayor poder que la ética y la moral. Sólo la voluntad y las profundas convicciones democráticas pueden refrendar y completar la esencia de un texto legal con más de medio siglo de historia.
Fruto de esa ética y convicción democrática, se ha conseguido que España y, si me lo permiten, especialmente la Comunidad Valenciana, haya alcanzado un grado de calidad de vida difícilmente comprensible hace 50 años. Un avance más evidente aún, si nos fijamos en el mundo de la discapacidad.
Por eso, hoy siento un profundo orgullo. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva ley de igualdad de oportunidades, en la que se va a poner un plazo para alcanzar la accesibilidad universal. Esa medida implica que por fin todos los ciudadanos somos iguales.
Hace años que en la Comunidad Valenciana se marcan las líneas de actuación en materia de servicios sociales para este colectivo. Somos los únicos que contamos con una dirección general especializada en integración social de personas con discapacidad. Somos la única autonomía con un plan global de playas y parques accesibles, pioneros ambos en todo el mundo. Y que decir del constante y creciente incremento de los recursos para este colectivo, hemos duplicado el número de centros y plazas, y ya están en marcha 31 nuevos recursos que supondrán más de 1.000 plazas asistenciales para personas con discapacidad.
Este reto ha sido posible gracias al ímpetu y espíritu emprendedor de los valencianos, pero también a esa voluntad democrática y solidaria que históricamente ha caracterizado a nuestro pueblo. La región con más riqueza, pero también la más desprendida, la más creativa, la que más cosas ha cedido para que el resto pudiesen seguir a un mismo ritmo de crecimiento, sobre todo en materia de bienestar social.
O ¿no somos los valencianos los que hemos desarrollado innovaciones mundiales como la silla y la muleta anfibia; los que hemos hablado por primera vez de eliminar las barreras arquitectónicas en los elementos comunes de viviendas, en las playas y en los parques? Acaso ¿no somos la primera autonomía que ha desarrollado un estatuto específico para las personas con discapacidad, o una normativa para que los perros de asistencia lleguen a todos los colectivos con discapacidad?, o ¿no ha sido en nuestra comunidad donde hemos aplicado en toda su amplitud la tarjeta de estacionamiento o los planes de ocio y respiro familiar para este colectivo?
Yo, como discapacitado, político y gestor de políticas sociales, no perdería el tiempo en debatir la oportunidad o no de una ley, sino que me inclinaría más por la oportunidad o no de defender los principios democráticos y el cumplimiento de un programa político, social y comprometido. Tan comprometido como se advierte en el estatuto patrimonial, la nueva ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, o en la mejora de las condiciones de vida de más de tres millones de españoles. Queremos que la gente salga a la calle. La calle es de todos por ley, pero la realidad nos recuerda que sólo es de una parte hasta hoy. Con la aprobación de la nueva normativa sobre accesibilidad universal, la calle es de todos.
