Si en lo que llevamos del 2003 más de medio centenar de hombres hubieran muerto asesinados por sus mujeres, este tema de conversación habría desbancado, sin duda, al de la recta final de la Liga de fútbol en la barra de casi todos los bares del país. La violencia sexista se ha cobrado ya la vida de 54 mujeres (última cifra registrada este año) por el machismo que desgraciadamente aún pervive a pesar de los cambios legales, las campañas publicitarias, las llamadas de alerta y los cambios sociales. Y ante los que también hay resistencia --y eso es lo peor-- en suficientes juzgados, cuyos titulares (¿es que esos jueces también pegan a sus señoras cuando vuelven a sus casas?) se hacen los remolones para no adoptar medidas cautelares contra los denunciados por malos tratos o dictan sentencias como la que acaba de imponer a un hombre una multa de un euro y medio al día por pegar a su mujer, que tendrían que ser revisadas por el Consejo General del Poder Judicial. Y que no lo son.
La orden de protección que se aprobó la semana pasada en el Congreso por consenso es el mejor ejemplo de que los políticos pueden actuar bien cuando se ponen a atajar un escándalo social. Permite que una denuncia por malos tratos sea aceptada aún cuando no la interponga la maltratada (vale la actuación de un familiar, un policía o un fiscal); faculta al juez a adoptar medidas cautelares en 72 horas, como, por ejemplo, ordenar que el agresor abandone el domicilio conyugal, y crea un registro central donde consten todas las denuncias presentadas por una misma persona en diversas comisarías. En teoría, una vez que la orden entre en vigor en julio no podrán producirse casos como el de la mujer asesinada a martillazos por su marido en Barcelona después de haberle denunciado decenas de veces. En la práctica, el criterio del juez seguirá pesando para determinar si se detiene o se deja en libertad al hombre que continúa acosando a su pareja.
Los juicios rápidos pueden ayudar también a controlar la violencia sexista tratando a los denunciados con celeridad. YOtras dos medidas a punto de ponerse en marcha también pueden resultar de utilidad. Una es un decreto que establecerá que cualquier mujer que denuncie malos tratos recibirá una ayuda de 300 euros mensuales durante 10 meses y recibirá un trato preferencial en la búsqueda de un empleo si lo necesita.
La otra es la existencia de un grupo especializado de policías nacionales (de momento 175, más adelante 500), que están siguiendo un curso de adiestramiento y que se han comprometido a tutelar de lejos a mujeres que hayan denunciado malos tratos. Los policías estarán conectados por teléfono móvil las 24 horas del día con las posibles víctimas. El móvil, que se regalará a las víctimas, está considerado por los expertos como más eficaz que la pulsera electrónica que se reclama también para evitar muchas muertes.
La enormidad de las cifras del drama hace necesaria una reflexión para determinar por qué nos ocurre lo que nos está pasando. El año pasado se tramitaron en España 40.000 denuncias por faltas de malos tratos y 12.000 por delitos violentos de carácter doméstico. Calculando que sólo se denuncia uno de cada ocho casos de malos tratos, tenemos una bolsa de mujeres sistemáticamente maltratadas. Alguna vez, a algún salvaje "se le va la mano", como diría un machista. El resto del tiempo, la violencia sigue ahí.
