Pretender ser juez y parte en un litigio es el primer paso para incurrir con grandes dosis de probabilidad en prevaricación. Los intereses creados son el mayor distorsionador del recto juicio y de la fría objetividad.
Es comprensible y hasta lógico que el querellado, desde el primer momento hasta la condena --si llega a haberla-- niegue rotundamente las acusaciones y, si se quiere, incluso puede aceptársele que se presente de "paladín" de la honorabilidad. Es más, creo que es justo que exijamos la presunción de inocencia de cualquiera que se vea en esa situación. No obstante, teniendo un cargo público, debe dar inmediatamente una explicación clara y creíble en defensa de su honorabilidad o, en caso contrario, debe presentar la dimisión y dedicarse a defenderse de las acusaciones, como un ciudadano más. Eso mismo hizo el socialista Demetrio Madrid, acusado por Aznar, resultando luego absuelto de todos los cargos. En el ´caso Fabra´, sin embargo, no se han dado ni una cosa ni la otra; ni ha explicado convincentemente sus "compatibilidades" o su aparente "enriquecimiento" de las mismas ni ha dimitido del cargo para defenderse.
Otra cosa, en cambio, es la posición permanente del máximo responsable de la Justicia en nuestra Comunidad, Víctor Campos, ante el ´caso Fabra´, de quien son absolutamente reprobables e intolerables democráticamente las manifestaciones y defensa carentes de esa objetividad a la que le obliga el cargo que ostenta y del que tiene que responder ante el electorado. Viene a ser como si, ante la denuncia formal de los comercios de que son esquilmados por mafias organizadas, este mismo señor replicase que "lo importante es averiguar quién ha movido los hilos de esa falsa denuncia", como afirmó en su día sobre el ´caso Fabra´; trufando los últimos meses de constantes defensas del enrocamiento de don Carlos superado sólo por los interesados apoyos auto salvadores del president Camps. Su mayor obligación política, como conseller de Justicia, es velar por la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y por la independencia de los jueces; de la defensa de los acusados ya se encargan sus abogados. Literalmente intolerable. Si desea defender a su amigo y seguir haciendo esas manifestaciones desde esa postura subjetiva y partidista se hace del todo imprescindible que dimita inmediatamente de su cargo. Y lo mismo podemos afirmar del presidente Camps y de cualquier otro militante del PP que ostente un cargo público: deben exigir y permitir que la Justicia actúe libre e independientemente o dimitir; lo contrario, ya se ha dicho, está muy cerca de la complicidad o la prevaricación; y ello, como es lógico, tiene sus consecuencias políticas y judiciales. ¿O acaso se defienden a sí mismos defendiendo a su líder?
El president Camps, ciertamente, lo tiene crudo. Si el fiscal anticorrupción procesa a Fabra, no tendrá otra alternativa que la dimisión vergonzante.
