El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado ya la orden al fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, para que su departamento investigue a Carlos Fabra. Así lo aseguraron ayer fuentes de toda solvencia de la Fiscalía General del Estado.

De hecho, según ha podido averiguar Mediterráneo, Salinas ha nombrado a un fiscal delegado de Anticorrupción que sustituirá al fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, como representante del Ministerio Público en la causa abierta en Nules por presuntos delitos contra la Administración Pública.

Dicha circunstancia ha sido comunicada a las partes personadas en las diligencias de Nules, en las que Carlos Fabra figura como imputado junto a su esposa, María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y su exmujer, Montserrat Vives.

Según fuentes próximas a los encausados, en la misiva remitida desde Madrid se anuncia que el fiscal delegado que sustituirá a Arias será Carlos Saiz Díaz. De esta forma, el letrado madrileño se encargará de investigar tanto los presuntos delitos de tráfico de influencias como todas las derivaciones económicas y empresariales de la supuesta trama.

En este sentido, cabe remarcar que Carlos Saiz Díaz cuenta con experiencia en la indagación de delitos económicos, puesto que ha ejercido como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Sección de Delincuencia Económica.

Por otro lado, desde la Fiscalía Anticorrupción se ha solicitado el sumario de las investigaciones realizadas en Nules. En este sentido, tal y como publicó Mediterráneo, el fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, admitió que Anticorrupción había contactado con él, pocos días después de trascender que la Fiscalía General del Estado pretendía actuar contra Fabra.

Pocas semanas después del cambio de Gobierno, tras la jura en el cargo de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado en sustitución de Jesús Cardenal, el máximo representante del Ministerio Público anunció su intención de potenciar la Fiscalía Anticorrupción.

LISTADO DE CAUSAS Conde-Pumpido instó al responsable de Anticorrupción a elaborar un listado con todas las causas que podían ser susceptibles de ser abordadas por este departamento y anunció que no descartaba investigar a Carlos Fabra.

Éste no fue, sin embargo, el primer intento para que el fiscal general del Estado interviniese en la causa. El 25 de febrero, en plena campaña de las pasadas elecciones generales, la práctica totalidad de alcaldes socialistas de la provincia, junto al actual ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, instaron al anterior fiscal general del Estado a investigar a Fabra.

En la misiva remitida a Jesús Cardenal, los responsables socialistas denunciaban "la aparente utilización de la potestad pública de Carlos Fabra, en un claro interés y beneficio propio".

Dicho escrito hacía una enumeración de las supuestas irregularidades que "parecen indicar la existencia de una presunta red de tráfico de influencias, mediante la cual Fabra y el PP provincial habrían realizado gestiones ante distintas instituciones públicas (...) para favorecer intereses particulares". Entre estos hechos, el PSOE denunciaba la intervención de Fabra en presuntas gestiones para tramitar fitosanitarios; la mediación ante la asociación de fitosanitarios para "modificar la Ley de Sanidad Vegetal"; la "gestión directa en la venta de sociedades extranjeras"; la "omisión de propiedades en sus declaraciones de bienes"; el aumento patrimonial, la "utilización aparente de Carmacas para desviar cobros" y supuestos beneficios empresariales de personas del entorno del líder del PP.