La investigación que ha generado la intervención de Anticorrupción nació de dos querellas presentadas por el empresario de Artana Vicente Vilar, el pasado 18 de diciembre. En el primero de los escritos remitidos a los juzgados de Nules, Vilar acusaba a Fabra de "presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil". También acusaba al presidente de la Diputación de "presuntos delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial".

Aunque ambas querellas no fueron admitidas a trámite, en la segunda, la juez de Nules observó actuaciones que podrían "constituir actos delictivos". De esta querella derivaron las dos causas abiertas en los juzgados, una por presuntos delitos contra la salud y otra contra la Administración, donde figuran como imputados Carlos Fabra, su esposa María Amparo Fernández, el empresario de Artana Vicente Vilar y su exmujer Montserrat Vives.

Hasta ahora, han declarado en los juzgados en la causa por delitos contra la Administración los cuatro imputados, el presidente de la asociación de fitosanitarios, así como responsables de diversos establecimientos comerciales de Castellón.