Posiblemente era inevitable que, dada la proximidad del día del atentado a la jornada electoral, la comisión de investigación parlamentaria sobre el 11-M empezara su trabajo por el final y no por el principio. Pero eso no quiere decir que no debamos de ser conscientes de que se está empezando la investigación por el final y que después se tendrá que remontar hacia el principio.

Porque el objeto de esta comisión de investigación es doble. Primero, por qué pasó lo que pasó y por qué no se pudo evitar que pasara. Y como consecuencia de esa investigación, qué se debe hacer para que, en la medida de lo posible, se evite que se repita un atentado de esa naturaleza. Segundo, por qué el Gobierno reaccionó como reaccionó ante el atentado y si hubo o no manipulación de la información de la que disponía con la finalidad de obtener rentabilidad electoral del atentado el 14-M.

Durante la pasada se empezó a investigar lo que hizo el Gobierno tras el 11-M, pero no por qué la sociedad española, tras haber participado su Gobierno de manera tan prominente en la invasión de Irak, estaba tan mal preparada para hacer frente a una amenaza terrorista islámica. Por aquí habrá que acabar. Porque es lo más importante y lo que más nos interesa. Ello no quiere decir que lo que se ha empezado a investigar carezca de interés. Todo lo contrario. Hay indicios más que razonables de que lo que materialmente el Gobierno de José María Aznar intentó hacer entre el 11 y el 14 de marzo fue un golpe de Estado, fue una ruptura del principio de legitimidad democrática del Estado. Dicha ruptura es la esencia de todo golpe de Estado. Se puede hacer de una manera más o menos violenta, pero en el fondo se trata siempre de la quiebra de la legitimidad democrática.

Fue el Gobierno del Partido Popular quien estableció desde el primer momento una conexión entre la autoría del atentado del 11-M y el resultado electoral del 14-M. Si el atentado es obra de ETA, será el Partido Popular el que ganará las elecciones. Si es de Al Qaeda, las perderá. Nadie ha puesto en relación el 11-M y el 14-M con la intensidad con que lo hizo el Gobierno entre esos días. Y lo hizo con todos los medios de que disponía. Convocatoria de una manifestación con un lema que apuntaba exclusivamente a ETA; ruedas de prensa del Ministro de Interior en las que se llegó a calificar de "miserables" a todos los que pusieran en cuestión la autoría de ETA; llamadas del presidente del Gobierno a los directores de periódicos y a los corresponsales de prensa extranjeros para darles seguridad de la autoría de ETA; nota de la ministra de Asuntos Exteriores a los embajadores en el mismo sentido; propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de condena a ETA; despachos de la agencia Efe afirmando que el explosivo utilizado era Tytadine, habitualmente utilizado por ETA; modificación de la programación de RTVE y Telemadrid para dar la película sobre la muerte de Fernando Buesa; notas de desmentido a informaciones de medios de comunicación por el Centro Nacional de Inteligencia...

La enumeración es puramente ejemplificativa. El Gobierno hizo uso de todos sus resortes, de la autoridad del presidente del Gobierno, del servicio exterior, de los servicios de inteligencia, de los medios de comunicación de titularidad pública, para intentar llevar a la opinión pública a la convicción de que el atentado había sido obra de ETA.

¿En base a qué información proporcionada por la investigación policial? ¿Se estaba informando o se estaba manipulando con la finalidad de obtener un rendimiento electoral de las víctimas del atentado? Como las audiencias de los mandos policiales han sido públicas y de ellas han informado ampliamente los diferentes medios de comunicación, dejo que cada lector se de a sí mismo la respuesta a estos interrogantes. En todo caso, conviene resaltar que lo que se está haciendo en España en esta comisión de investigación es bastante insólito. En pocas ocasiones se ha podido investigar una operación de quiebra del principio de legitimación democrática protagonizada por un Gobierno como se está haciendo en España en este momento. De todas maneras, conviene no olvidar que, como decía al inicio, el principio y la parte más importante de la investigación está todavía por llegar. Y si en esta fase ya se está haciendo el ruido que se está haciendo, para intentar impedir que los resultados de la investigación puedan llegar a los ciudadanos, prepárense para el que vendrá a medida que la investigación recién iniciada avance y se intente averiguar por qué pasó lo que pasó y qué responsabilidad es objetivamente atribuible al Gobierno del momento.