El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado 10 cargos judiciales, de los cuales ocho fueron para magistrados ideológicamente afines a la mayoría conservadora y sólo dos para jueces progresistas, según criticó la minoría. El voto del presidente --Francisco Hernando-- fue decisivo, en especial para la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que recayó en Javier Gómez Bermúdez. La minoría defendió el mejor currículo de Baltasar Garzón y relacionó la negativa de la mayoría a votarle con sus críticas a la guerra de Irak.

Lo que llama la atención de esta noticia es que da por hecho el alineamiento ideológico de los miembros de la cúpula del poder judicial, lo que supone una erosión grave de nuestro sistema democrático, porque una justicia imparcial, fiable y rápida constituye la garantía final del respeto a los derechos individuales y del correcto funcionamiento de las instituciones. No debe olvidarse que, en última instancia, justo es lo que dicen los jueces, ya que no existe la justicia abstracta, sino sólo la justicia del caso concreto que resuelve cada sentencia. De ahí la trascendencia enorme de la tarea del juez. Tanta que --parafraseando a un viejo torero-- podría decirse que, en el ámbito de lo jurídico, primero está el juez, luego nadie, y después viene el resto de actores y figurantes.

Hay tareas que entrañan una especial responsabilidad, por incidir directamente en el destino de la gente. De ahí que los que juzgan precisen de un especial amor al oficio para estar a la altura. Amor al oficio que no exhiben los miembros del CGPJ cuando parecen votar en cuadrilla.