Dice Consuelo Rumí, la jefa de inmigración, que las 300.000 solicitudes que se llevan cursadas para regularizar o legalizar inmigrantes, es un éxito. Opinión que, sin duda, comparto. Toda cifra que se le arranque a la economía sumergida ayuda a la economía legal y a la integración social.

Dicho esto, hay que reconocer que la cifra de 300.000 solicitudes está lejos de las posibilidades que ofrecía el decreto de regularización. Incluso, es ridícula, si tenemos en cuenta que en España existen 1,5 millones de sin papeles y, en parte, son trabajadores que podrían incorporarse a esa legalidad extraordinaria. Además, si comparamos, advertimos que en el 2001, cuando existían 500.000 sin papeles, ya se regularizaron 300.000 personas. Así es que las cifras de la actual regularización no pueden motivar triunfalismo.

Aquí han pasado dos cosas. Por una parte, algunos empresarios no se han implicado en el proceso. Sin sentirse acosados por la inspección, les resulta más rentable tener gente sin papeles --salarios bajos, no pago a la SS.SS., despidos gratis--. Por otra, la exigencia del certificado de empadronamiento como exclusivo documento que acredite la estancia en España, no ha sido lo más acertado. Algunos inmigrantes desconocían la importancia de censarse; otros se alejaron del mismo al anunciar el gobierno de Aznar que podía intervenir esas listas y expulsar a los sin papeles.

Por lo dicho, y ante la necesidad de ampliar la legalidad por razones humanitarias y de la economía, Zapatero debería atender las peticiones del Defensor del Pueblo y de las organizaciones de la inmigración para facilitar que los inmigrantes se puedan legalizar con algún otro documento público que sin ser el empadronamiento acredite su presencia en España. Por cierto, Caldera dice que: "Aunque difícil, lo voy ha estudiar".