Miles de inmigrantes no comunitarios que residen en la provincia de Castellón, hasta alcanzar cifras que superarán las 20.000 almas, estarán obligados a pasar de nuevo por las oficinas municipales para renovar sus papeles de los padrones que controlan los ayuntamientos.
La medida obedece a una normativa que marca la Ley de Extranjería, mediante la cual, cada dos años este grupo determinado de extranjeros debe volver a tramitar los datos personales si quiere constar oficialmente. Así se señala en la resolución que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística y que ahora activarán los ayuntamientos mediante cartas a los afectados.
¿Quiere esto decir que se volverán a repetir las interminables colas de miles de inmigrantes? Todo hace prever que será así, a no ser que las mentes pensantes de la Administración pongan por una vez en marcha medidas que faciliten el papeleo a los inmigrantes e impidan que las oficinas municipales se vean colapsadas otra vez por este asunto del censo municipal. En el siglo XXI, en pleno apogeo de internet y las nuevas tecnologías, no se puede estar a expensas de una pesada y anquilosada burocracia más propia del XIX.
