Más de dos años después de que un periodista revelara que Valerie Plame era una espía de la CIA, un fiscal especial norteamericano ha procesado a Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente, Dick Cheney, no por ser la fuente de la filtración (un grave delito federal), sino por perjurio, falso testimonio y obstrucción a la justicia. Libby, que puede llegar a ser condenado por cinco cargos y 30 años de cárcel, ha dimitido. Y por si fuera poco, el segundo del gabinete del propio presidente Bush y su más cercano asesor político, Karl Rove, queda a disposición de la justicia y bajo investigación, una postura políticamente insostenible.

Plame es la esposa del embajador Joseph Wilson, que criticó la invasión de Irak y demostró que la denunciada compra iraquí de uranio a Níger era una mentira para justificar el ataque. La filtración contra su mujer fue una venganza y la prueba del nivel a que se llegó con quienes se salían del guión del apoyo a la guerra. El fiscal deja al margen a Cheney, pero sigue apretando a la Casa Blanca vía Rove. Este ánimo justiciero llega ahora, en que Bush está a la baja. Mientras le iba bien, tenía muchas probabilidades de escurrirse. Pero en EEUU no gustan los perdedores.