Condoleezza Rice ha asumido que el compromiso de Washington con la Convención contra la Tortura, que prohíbe el trato cruel e inhumano, es extensivo a todo el personal estadounidense donde sea que se encuentre. Pero esto no despeja las dudas que despierta la existencia de cárceles secretas fuera de aquel país y el tratamiento que reciben en ellas los reclusos sospechosos de terrorismo, no necesariamente a manos de ciudadanos de EEUU. La secretaria de Estado, de gira por varios países europeos, se ha visto obligada a dar una respuesta no sólo ante las críticas que arrecian entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, sino ante las múltiples peticiones de información de países amigos como España, Suecia, Islandia, Alemania o incluso el Reino Unido sobre el uso de aeropuertos europeos en los vuelos de la CIA con prisioneros a bordo.
Las palabras de Rice son insuficientes ante el secretismo que reina sobre estos centros de detención. Y serían el colmo del cinismo si no implican que EEUU deje de entregar a presos, para ser interrogados, a países como Egipto, Jordania, Marruecos, Afganistán o Siria, donde los derechos humanos, como la democracia, son un raro exotismo.
