El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la futura ley que garantizará la asistencia pública a todos los españoles que no pueden valerse por sí mismos. La creación del Sistema Nacional de Dependencia como nuevo pilar del Estado del bienestar está justificado. Actualmente, más de un millón de españoles han perdido su autonomía vital y necesitan ayuda para funciones tan básicas como comer, asearse o salir a la calle. Esta cifra aumentará cada vez más, y quienes les atienden, sean o no familiares, deben ver reconocida su labor. Con la nueva ley, el Estado asume por igual que se debe ayudar a los dependientes y que se debe retribuir a las personas dedicadas a atenderles. Estos cuidadores familiares tendrán un marco laboral propio, siguiendo las pautas de otros colectivos incluidos en el sistema de la Seguridad Social.

La atención a la gente mayor es el gran reto actual de nuestro modelo de bienestar. Los achaques de la edad no son propiamente una enfermedad y no deben colapsar los centros de salud. Ahora las familias de la gente dependiente cada vez están menos capacitadas para asumir su tutela. Es hora de movilizar más recursos públicos de todo tipo para garantizar este nuevo servicio público y estructurarlo.