El Congreso cerró ayer el plazo de presentación de enmiendas al Estatut de Catalunya sin que su presidente, Manuel Marín, concediese la prórroga pedida por todos los grupos, menos el PP, para ayudar a conseguir un acuerdo de mínimos entre el Gobierno y los partidos catalanes. Eso obligó al PSOE a plantear sus enmiendas sin incluir los puntos de encuentro con el texto del Parlament de Catalunya que ya tiene y los que quizá se hallen en los próximos días. Y, por tanto, a insistir en una filosofía defensiva, como la negativa a denominar nación a Catalunya, en la que coincide con los populares.
Pero la voluntad política del PSOE dista mucho de la del PP. Estos han presentado una batería de enmiendas con el objetivo, improbable, de acabar redactando junto a los socialistas un articulado opuesto al aprobado en Catalunya. Quiere retocar un poco el Estatut. Rajoy reiteró su esquema básico: además de gestionar la educación y la sanidad, la Generalitat debería dedicarse "a construir carreteras y poco más". A partir de esa postura, cualquier influencia real del PP sobre el nuevo Estatut quebraría de raíz la aspiración catalana a un mayor autogobierno dentro de España.
