En la lucha contra el terrorismo todo está inventado, las cesiones, las amnistías, la negociación secreta, el terrorismo de estado, los contactos públicos y, lo único eficaz, la aplicación rigurosa de la ley.
La ley de partidos, el endurecimiento del Código Penal, la persecución del entramado financiero y logístico de los asesinos, dieron como resultado una ETA agonizante en el 2003. Sin embargo, hay tentaciones para acelerar la desaparición de los que hoy ya tienen el protagonismo que habían perdido, que manejan no sólo acercamiento de presos sino incluso indultos.
La experiencia nacional con los indultos no puede ser más desalentadora. En 1977 se concedieron medidas de gracia que beneficiaron a ETA, entonces habían asesinado a 66 inocentes y tras la amnistía mataron a 751 personas. Lo mismo ocurrió con el Grapo a cuyos presos indultaron cuando llevaban 14 asesinados y respondieron con 70 nuevos muertos. Agregando todos los asesinatos de las bandas terroristas españolas --según el estudio de Mikel Buesa--, antes de las excarcelaciones hubo 97 víctimas mortales y tras la generosidad estatal 1.165. El dato no puede ser más revelador de cómo los asesinos interpretan como debilidad las excepciones a la ley que con ellos hace el Gobierno. Por eso, si alguien piensa negociar con nuestros derechos, es bueno recordar errores pasados.
El voto de confianza que responsablemente ha concedido Mariano Rajoy al Gobierno de España para acabar con el terrorismo no incluye precios políticos, ni contrapartidas que conviertan en útil el uso del terror para la obtención de ventajas o compensaciones.
Rodríguez Zapatero es un hombre extraordinariamente generoso con los derechos de todos, no tiene inconveniente en cederlos si él sale bien parado; le ha regalado cien millones de euros a Evo Morales que ya le ha respondido tomando militarmente Repsol.
No es consciente de que para el buen funcionamiento de cualquier sistema democrático el cumplimiento de las leyes y de los compromisos adquiridos es una pieza clave.
Al final, el cumplimiento de la ley y de los disntintos acuerdos internacionales --también el de los préstamos firmados con Bolivia-- sale a cuenta.
Diputado del PP en el Congreso
