Si la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años y los centros educativos tienen la obligación de acoger a todos los alumnos que se matriculen, quieran o no estudiar, mantengan o no la disciplina, atiendan o no a las explicaciones que se dan en clase, hagan o no los ejercicios que se les encargan, ya es hora de que se pidan cuentas en serio a los padres que o no escolarizan a sus hijos o toleran e incluso fomentan el absentismo. La enseñanza, además de obligatoria, no es gratuita. Se paga a través de los impuestos. Y la sociedad tiene derecho a que le rindan cuentas. En la educación intervienen maestros y profesores, pero también padres y madres. Si obligaciones tienen los primeros, más las tienen los segundos.

La propuesta de los fiscales de Valencia de tipificar como delito la conducta de los padres que no escolarizan a sus hijos o toleran su absentismo merece ser tenida en cuenta. Pero no basta con la presencia de los alumnos en los centros. Estos deben estar en condiciones de garantizar una enseñanza de calidad y un entorno de seguridad. Un estudio presentado ayer afirma que uno de cada cuatro alumnos de segundo de primaria a primero de bachillerato sufre situaciones de acoso o violencia en las escuelas.

Hay que recuperar la disciplina en los centros. Eso pasa por aumentar y mejorar la dotación de psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales, pero también por una mayor capacidad para sancionar al agresor y, sobre todo, proteger al agredido.