El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado un giro copernicano a su política inmigratoria y está literalmente copiando, no sólo la postura, sino hasta la literalidad de las frases que decía Mariano Rajoy al principio de esta legislatura.

No será fácil mejorar la imagen nacional de barra libre que se dio al anunciar con ocho meses de antelación de regularización extraordinaria, descuidando las fronteras, admitiendo ¡órdenes de expulsión! o empadronamientos por omisión como prueba suficiente para legalizar situaciones irregulares, pero nunca es tarde si la dicha es buena.

El pacto de Estado que el presidente del PP ofrecía en inmigración, junto a sus principales medidas: no a las masivas regularizaciones, estricto control en fronteras, mayor número de expulsiones y otras, han sido felizmente copiadas por el PSOE, que comienza la andadura de un camino en el que se han perdido algo más de dos años. El tema no tiene fácil solución, ni hay recetas milagrosas --el PP tampoco las ha tenido nunca-- como las que imaginaba el ministro Caldera: "hemos puesto el contador a cero", "ya no hay ilegales en España", "no existe efecto llamada por nuestras medidas". Pero el choque con la realidad parece haber enderezado el torcido rumbo de una política que mereció la censura del Parlamento Europeo.

Bien porque los cayucos desbordan nuestras fronteras, --el pasado miércoles hacían cola 14 para arribar a Canarias--, bien porque una cuestión que preocupaba a menos del 10% de la población española inquieta ya al 46%, según el CIS, bien porque al demandar ayuda europea a los mismos a quienes no atendimos en su día nos hemos topado con la cruda realidad, o sencillamente porque hay más inmigrantes ilegales que antes de iniciarse la regularización, lo cierto es que, en apariencia, el Gobierno parece dispuesto a atender las medidas expuestas por Rajoy, entre ellas la expresa prohibición de nuevas regularizaciones masivas y la exigencia previa de permiso de residencia para lograr el empadronamiento municipal.

Comienza una nueva etapa en inmigración, con Caldera cesado de sus funciones de facto, y el PSOE invirtiendo su discurso. Es mejor perder dos años que toda la legislatura.

Diputado nacional del PP