El funcionamiento ordinario de la Iglesia española será financiado por los contribuyentes católicos y no por el conjunto de la población. La vicepresidenta Fernández de la Vega anunció ayer un acuerdo alcanzado horas antes con la Conferencia Episcopal. La asignación de fondos a través del IRPF pasará del 0,5239% actual al 0,7%, pero se suprimirá la garantía del Estado de cubrir la diferencia entre lo recaudado por esta vía y la cantidad global que se asignaba hasta ahora para subvencionar a la Iglesia católica. En el 2005, la Iglesia recibió 141,4 millones de euros del Estado, de los cuales 128,6 millones correspondían a las declaraciones de renta de los fieles que habían marcado una equis en la casilla correspondiente. Los 12,8 millones restantes los complementó el Estado. El 0,7% pactado ahora corresponde a la cantidad que se calcula que deberá recibir la Iglesia en el 2007, que podrá crecer, pero también disminuir, según la voluntad de los fieles católicos.

El sistema mixto vigente ahora tiene su origen en un acuerdo entre Iglesia y Estado de 1987. La Iglesia ya declaró entonces el propósito de lograr por sí misma recursos para sus necesidades.

El acuerdo es una buena noticia, porque normaliza las relaciones de la Iglesia con el Estado, que es aconfesional. Los españoles que no profesan ninguna religión o profesan una distinta de la católica se verán liberados de la obligación absurda de sufragar los gastos de una iglesia a la que no pertenecen.