Los ocho países mediterráneos miembros de la UE, reunidos el viernes en Madrid, han pedido al conjunto de la Unión Europea ayuda para hacer frente a la inmigración descontrolada que llega desde África: colaboración en el control de las fronteras marítimas, presión a los países de origen para que acepten a los repatriados y pago de los costes de la asistencia social y sanitaria a los sin papeles.
El día después de que el Parlamento europeo rechazara una propuesta de la derecha para responsabilizar al Gobierno español de la llegada masiva de sin papeles, el ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, viajó a Madrid para exigir el fin de las regularizaciones. Visiblemente molesto por las palabras del presidente Zapatero (quien le recordó que la política migratoria de su Gobierno estaba en el origen de los pasados conflictos en las barriadas francesas), abandonó la reunión. Y es que, el Gobierno español ni debe ni puede actuar con la mano dura que le exige el PP y los gobiernos conservadores. Tiene razón la vicepresidenta De la Vega cuando dice que no hay soluciones mágicas. Lo peor de quienes claman contra la política de regularizar la situación de los inmigrantes que ya se han establecido en Europa es que no ofrecen otra alternativa que mantenerlos en la economía sumergida, en situación de marginalidad. O eso o la expulsión masiva. Pero una cosa es frenar y otra expulsar, porque ¿puede España expulsar a un millón y medio de personas?
