Este comienzo del mes de octubre está siendo intenso en el Parlamento español. Pese al esfuerzo de algunos de que parezca que estamos inmersos en una situación caótica e incluso de intentar la desestabilización, desde el Gobierno de la nación y desde el Grupo Parlamentario Socialista se trabaja con firmeza para seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el conjunto de la ciudadanía y, naturalmente, con los castellonenses.

Estamos inmersos en el debate presupuestario. Unos presupuestos eminentemente sociales, más del 50% del gasto público se destina a políticas sociales, hay un esfuerzo importante en materia de educación, en I+D+i, en pensiones, en seguridad ciudadana, en justícia, en infraestructuras, que se traduce en aumentos significativos en las partidas correspondientes, y a las cifras me remito.

Pero además, estamos inmersos en tramitaciones legislativas que van a suponer un aumento de derechos para un conjunto importante de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Así, se aprobó una de las leyes más importantes de la legislatura, la llamada ley de dependencia, que generará derechos para las personas que necesitan ayuda de otras personas para realizar las tareas básicas de la vida diaria; estamos otorgando derechos a 1.200.000 personas que hasta ahora dependen de su propia familia o de la beneficencia.

Y si esta ley significa un paso decisivo en el final de la beneficencia asistencial hacia la ampliación de derechos, también se ha presentado en la comisión mixta para los derechos de la mujer la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Este proyecto fija un conjunto de medidas en todos los órdenes de la vida política, jurídica y social, además de establecer una representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los ámbitos de las administraciones públicas y propone equilibrio en las listas electorales.

También se ha aprobado en la comisión de Sanidad y Consumo del Congreso la ley de mejora de la protección de los consumidores, que supone un paso importante en el aumento del grado de protección de los consumidores españoles, ya que la nueva ley acabará definitivamente con los redondeos al alza en sectores como la telefonía y los aparcamientos, pondrá fin a las principales prácticas abusivas que vienen padeciendo los consumidores españoles en los últimos años; facilitará darse de baja de servicios como los de telecomunicaciones y energía, mejorará la protección de los consumidores que compren una vivienda-

Y también se ha presentado por parte del Gobierno el anteproyecto de ley del estatuto del trabajo autónomo, mediante el que 3 millones de trabajadores van a obtener por fin atención y respuestas a reivindicaciones de este colectivo que a partir de ahora tendrá más derechos, más garantías y seguridad en su ejercicio profesional y más protección social.

El Gobierno cumple, también en esta cuestión, sus compromisos. Más derechos y más ciudadanía. Se trabaja desde el Gobierno con firmeza, seriedad y eficacia para seguir construyendo un país moderno de ciudadanas y ciudadanos con más bienestar y más derechos. Ese era el compromiso y esta es la realidad.

Diputada nacional del PSOE por Castellón