Las obras del futuro aeropuerto de Castellón están siendo víctima de un nuevo impedimento en su fase de ejecución. La decisión del juzgado número 4 de Castellón de paralizar los trabajos en la parte del monte Santa Bárbara a instancias de un grupo de ecologistas supone un nuevo encarecimiento de la construcción y un retraso de una obra imprescindible para el futuro económico y social de los castellonenses.

La Diputación Provincial de Castellón acata las resoluciones judiciales, pero resulta cuanto menos sorprendente que la sala cuatro del juzgado de Castellón haya tomado esta decisión cuando todos los estamentos de la administración han dado el visto al proyecto.

Aerocas, la empresa promotora del aeropuerto que está participada por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, ha venido dedicando todo el esfuerzo necesario para aportar cuanta documentación le ha sido requerida en cada momento para completar la tramitación de un proyecto tan complejo como es la puesta en marcha de esta infraestructura. Un apartado que fue ampliado y completado durante la primera paralización ordenada por el Ministerio de Fomento, y que supuso el retraso de un año para la obra, a pesar de que previamente el mismo departamento había autorizado el inicio de los trabajos. Indirectamente, esta situación implicó 18 millones de euros de gastos extraordinarios por la ampliación de los plazos.

Ahora, la Justicia admite una denuncia de un grupo ecologista a pesar de que el Ministerio de Fomento, institución responsable en última instancia de la supervisión de las obras a través de Aviación Civil, rechazó la denuncia basándose en el informe que elaboró Medio Ambiente. La lectura que hizo del informe Fomento es que la Declaración de Impacto Ambiental ampara las obras en Santa Bárbara.

Como ya anunció el presidente de la Diputación de Castellón, máximo directivo de Aerocas e impulsor de esta infraestructura, Carlos Fabra, esta resolución supone una alteración importante en el plan de trabajo de la concesionaria y conlleva un nuevo retraso. Desde Aerocas y la Diputación se tiene la tranquilidad que da la certeza de haber cumplido y respetado las obligaciones medioambientales pertinentes, y así lo ha hecho saber a través de la elaboración de un recurso de reforma frente a esta medida cautelar.

Sin embargo, lo más triste de todo es que, a pesar de que Aerocas está cumpliendo con la legalidad y con una de las demandas sociales más respaldadas entre empresarios, grupos políticos y sociedad civil de Castellón, un pequeño grupo de personas se empeñan en frenar el proyecto, amparándose en unos supuestos argumentos medioambientales. Tampoco sorprende que desde las filas socialistas lleguen declaraciones que únicamente evidencian su alegría por la paralización, a pesar de que ello vaya en perjuicio de los castellonenses y de que los técnicos de su propio partido en Madrid son los que han dado el visto bueno al proyecto.

Y mientras, los castellonenses vuelven a ver aplazado su progreso social, por no hablar del nuevo gasto que, finalmente, volverá a perjudicar a los bolsillos de los ciudadanos de la provincia.

Vicepresidente primero de la Diputación