Querido lector:
Las acciones políticas de cara a las próximas elecciones se precipitan por momentos, implican en ocasiones al estamento judicial, otras fuerzan hasta el límite los reglamentos democráticos e incluso la ética política, las más no saben distinguir qué es un cargo público y un cargo político y el resto provocan que abunden actos y más actos para dotarse de resonancia mediática.
El primero de los ejemplos lo tuvimos ayer con la presentación de la ya anunciada en varias ocasiones querella del PSPV contra el alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, y algunos de sus concejales a poco más de cuatro meses de las elecciones.
El segundo se refiere a las iniciativas de PSPV y el Bloc para intentar integrar a la plataforma antivertedero en la coalición que han impulsado en el partido judicial de Sant Mateu en su estrategia por ganar al PP el diputado provincial. Para ello, según reconoce Josep Maria Pañella (Bloc), quieren primero evitar a toda costa que el colectivo presente listas independientes; segundo, que se integre en una lista común con socialistas y nacionalistas; y tercero, que una vez constituidos las corporaciones --forzando éticas y praxis políticas--, romper la coalición y pasarse al grupo mixto con otras siglas.
Y el tercero es generalizado en todos los partidos. Los cargos públicos que ya son candidatos provocan y confunden convocatorias, actos públicos, escenarios, acciones de gestión... con mítines y fotos de campaña hasta llegar al hartazgo ético.
