La tan temida vuelta al cole para los más pequeños de la casa está ya a la vuelta de la esquina y, con ella, comienzan los dimes y diretes entre la Conselleria de Educación, los sindicatos educativos y las asociaciones de padres, acerca de la existencia de aulas prefabricadas, el poco o mucho apoyo que se presta para la adquisición de los libros de texto, el estado de conservación en el que se encuentran los centros o la necesidad de ampliar el profesorado.

A todos estos problemas se ha sumado uno en los últimos años que, no por repetirse, está solucionado. Este es, sin duda, la incorporación de inmigrantes en las aulas. Y es que lo que es evidente es que, a principio de curso, no se puede adivinar el número de niños extranjeros que se van a sumar a las clases --había ya 11.600 en mayo, por lo que pueden ascender a 12.000 el próximo ciclo--, pero esto no debe servir de excusa para recortar la plantilla de posibles docentes para prestar esta educación, ya que está demostrado que la tendencia, lejos de atenuarse, se acentúa.

Este año, la Conselleria ha aumentado la plantilla para los programas de compensación, pero lo que es evidente es que, partiendo de la base de que la Educación es un derecho universal y que todos los niños deben estar escolarizados, el conjunto del grupo no puede verse sometido a retrasos por las dos velocidades a las que funcionan las aulas. La educación es prioritaria y, por tanto, debe ser personalizada para cada caso.