Por primera vez desde la abolición del califato por Ataturk (1924), la República turca tiene como presidente a un devoto musulmán, Abdulá Gül, que concita la hostilidad del ejército, guardián histórico de la ortodoxia secular, y de las minorías europeizadas que temen la islamización del Estado y de la sociedad, en marcha desde que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) llegó al poder en 2001.
La crisis constitucional comenzó en abril, cuando los generales lanzaron un ultimátum contra Gül y provocaron unas elecciones anticipadas en las que volvió a vencer el AKP (47 % de los votos). El desenlace es provisional y el destino de la República dependerá de la conducta del jefe del Estado, del que la opinión laica, pese a sus proclamas constitucionalistas, sospecha un programa oculto para reforzar la islamización, respaldado sin duda por los sectores sociales más atrasados y retrógados.
Ante la elección de Gül por el Parlamento, el jefe del ejército, el general Yasar Büyükanit, volvió a tronar contra "las fuerzas diabólicas que sistemáticamente erosionan la estructura secular de la República", en alusión a los islamistas, mientras la oposición kemalista insistía que el jefe del Estado disimula sus intenciones. Con la jefatura del Estado y el gobierno en manos de los islamistas, inaugura Turquía una experiencia que debe aclarar si la moderación y el respeto del laicismo son una estratagema o un reconocimiento de los límites democráticos del poder.
