El Partido Popular está poniendo todo de su parte para que Castellón sea más conocido por sus conflictos judiciales que por las políticas de progreso que mejoren la calidad de vida ciudadana. El Ayuntamiento de Castellón es un ejemplo perfecto. En los últimos días se han dado a conocer dos sentencias que ponen en entredicho las actuaciones del gobierno municipal del PP, que ha vulnerado la legalidad y ha actuado de forma "arbitraria" en la adopción de acuerdos que han ido en contra de los intereses económicos de la ciudadanía.
Los gobiernos municipales conservadores que presidía el entonces alcalde, José Luis Gimeno, y del que formaba parte su sucesor en el cargo, Alberto Fabra, han dejado rastro de su arbitrariedad. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en dos ocasiones, ha afeado la conducta del PP. En una ocasión por saltarse a la torera el procedimiento urbanístico y autorizar actuaciones ilegales. El fallo judicial anula cuatro acuerdos en los que se aprobaba un PAI, un proyecto de reparcelación y un proyecto de urbanización. Un severo correctivo que pone en evidencia las cacicadas con las que el PP gobierna Castellón.
El mismo tribunal, en otra sentencia, condena al Ayuntamiento por "simplista y arbitrario" al rebajar el canon impuesto a la empresa que gestiona la ORA. Una actuación que iba contra los intereses de la empresa, a la que se ahogaba económicamente, pero también del Ayuntamiento, que perdía ingresos por el canon que le correspondía por la zona azul. El PP puede cantar misa en latín, si quiere, pero tendrá difícil explicar a la ciudadanía cómo se puede ser tan sectario y tan arbitrario y actuar en contra de los intereses municipales.
Portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista de Castellón
