Ahora que las elecciones generales ya han pasado y la responsabilidad de gobernar para los cuatro años próximos está decidida, parece oportuno reflexionar en voz alta sobre nuestra querida Administración de Justicia, tal olvidada en los debates de los entonces candidatos, que ni un minuto mereció su atención durante los mismos.
La verdad es que mi primera tentación al comprobar el nulo interés despertado en los aspirantes por la problemática de la que me ocupo, fue pensar en que deben ir las cosas lo suficientemente bien como para que no haya que referirse a ello, pues se supone que en el afán de conseguir el voto de la ciudadanía, se debe hacer hincapié en solucionar aquello que no funciona y que por ser importante para todos debe corregirse. Luego, ya no tan cándidamente, pensé que bueno, que aunque a todos se nos llena la boca al hablar de lo que supone el valor justicia en nuestra sociedad y de la importantísima función que en su defensa tienen encomendada quienes la sirven, en realidad lo que importa a los políticos son otras cosas que en verdad son las que van a decidir el sentido del voto. Hay que ser realistas y tanto la economía como la educación o la sanidad, y por desgracia en cuanto persiste, el terrorismo, tienen un mayor peso a la hora de hacer propuestas de futuro por cuanto interesan en mayor medida a los ciudadanos.
Sin dejar de reconocer que ello es cierto, no puedo dejar pasar la ocasión que nos brinda el pronto comienzo de otra legislatura y sin otro afán que podamos estar siempre a la altura de las circunstancias, con más razón ahora que nos encontramos en un momento delicado, tanto en lo económico como en lo social, de recordar de quienes son responsables en la materia, las obligaciones que tienen para con el servicio de la Administración de Justicia, porque, como ya se está advirtiendo en los juzgados de nuestra provincia, en cualesquiera de los distintos órdenes jurisdiccionales, la crisis económica, en un alto porcentaje, se está judicializando, o lo que es lo mismo, se está trasladando a los Tribunales, lo cual es lógico que así suceda, porque precisamente para resolver los conflictos que puedan surgir o surjan en el seno de nuestra sociedad existen.
Gracias a la previsión que en su día se tuvo de crear en la capital el juzgado de lo mercantil, disponemos ahora de un órgano jurisdiccional que puede afrontar y resolver en un plazo razonable los problemas concursales de las empresas. Gracias a la creación del juzgado de violencia sobre la mujer, no solo se puede proveer a la protección de quienes son víctimas de tan rechazables comportamientos, sino también a instruir con celeridad las causas penales correspondientes contra los culpables. Esta misma sensibilidad que entonces se tuvo para con los ciudadanos de Castellón, es la que demando para las previsiones de aumento de la planta judicial que desde esta Presidencia se han hecho a quienes tiene responsabilidad en decidirlo. Los juzgados de lo social, que atienden la problemática de las relaciones laborales, en este momento de crisis, están muy por encima de la carga de trabajo soportable cuando tienen intereses tan trascendentes entre manos. Con los juzgados de lo penal, que juzgan el 75% de los delitos que se comenten en la provincia otro tanto de lo mismo. La entrada de asuntos en los juzgados civiles de Castellón en estos dos primeros meses del año está experimentando un aumento verdaderamente preocupante. Los números de asuntos registrados en cada uno de los cuatro juzgados mixtos de Vinaròs asustan y allí también tienen derechos sus ciudadanos a que se resuelvan pronto. No quiero insistir en Albocàsser, pero un centro penitenciario de ese tamaño exige medios para hacerle frente.
En fin, que ojalá fuera la Administración de Justicia tan bien como para que la ausencia de cualquier referencia a la misma en los debates se debiera a tal razón. Me temo que, por lo que yo conozco no es así y por ello, más que nunca en este momento puntual, es necesario que dispongamos de los juzgados necesarios para hacer frente a lo que venga, porque, aunque por lo visto pudiera no parecerlo, a los ciudadanos si que les importa que cuando tienen la necesidad de acudir al servicio de la Administración de Justicia, se les atienda como se merecen, entre otras cosas con prontitud, porque este servicio también se paga con sus impuestos.
Presidente de la Audiencia de Castellón
