Por más que se intente interpretar una sentencia judicial desde la perspectiva del encono político PP-PSOE de hace siete años, la decisión de los jueces de la Audiencia Nacional sobre el caso Gescartera tiene un único hilo conductor: hubo estafa y los principales actores han sido condenados a penas de entre 3 y 11 años de cárcel. Otros personajes secundarios de la trama han sido absueltos, lo que en todo caso indica la comprensión de los jueces hacia quienes tuvieron que cooperar porque no les quedaba más remedio.
Hay que remontarse al 2001 para entender que un vivales sin escrúpulos, perfil frecuente en el mundo de las finanzas en periodos alcistas, Antonio Camacho --condenado a 11 años de cárcel--, montara un chiringuito de captación de ahorros de gente ilusa con promesas de alta rentabilidad. Si su aventura llegó más lejos de lo previsible fue porque se cruzaron por medio otras dos maniobras. Puso como presidenta de Gescartera a Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna --tutor de Aznar cuando opositaba a inspector de Hacienda--, que se encargaba de calmar a los inspectores de la Comisión Nacional de Valores. Y buscó la protección de otros poderes fácticos como obispos y militares. La buena instrucción del caso ha confirmado que hubo delito y que para cometerlo fue determinante que las autoridades que debían impedirlo no actuaron, presuntamente por presiones políticas.
