Muchos han sido los PGOU que se han redactado por técnicos municipales bajo la orientación del alcalde y/o el concejal de urbanismo sin que existiera más participación en su confección que las alegaciones que se puedan presentar en la información pública. Así, la mayoría de las alegaciones suelen ser del estilo "hágame de mi huerto suelo urbanizable".
Con la nueva normativa en materia de protección del paisaje se está obligando a los ayuntamientos a redactar y ejecutar planes de participación pública que prevén la necesidad de dar a todos los colectivos interesados la oportunidad de participar y opinar sobre el modelo de ciudad que se propone y su futuro. Este instrumento tan democrático seguro que pasará algún día a ser obligatorio, no solo para el paisaje, sino también para los instrumentos de planeamiento urbanístico, y sobre todo los planes generales. Pero ¿Quién nos dice que algún día no se barajarán otras alternativas diferentes a las que puedan surgir de la mente de un solitario técnico o de un político poco preparado en materia de ordenación del territorio?
Hoy, la participación pública se resume en los intereses de los propietarios y, en unos pocos casos, la de grupos ecologistas oponiéndose a propuestas que consideran agresivas para el medio ambiente. Y en muy pocos casos opinan los colectivos de técnicos, los sindicatos o las asociaciones que son las que después hacen viva una ciudad. Ello implica una dejadez de todos frente a un urbanismo irracional. Esperemos que los nuevos planes de participación pública sirvan para conseguir un urbanismo consensuado, participativo y democrático.
Abogado. Urbanista
