Los precios del conjunto de bienes y servicios en España subieron hasta el 5,1% el pasado junio, frente al 4,6% de mayo, según el dato que el INE ha remitido a Bruselas para que se pueda calcular el IPC armonizado de la eurozona. Hay que remontarse a 1995 para encontrar una cifra similar, siguiendo carrera hacia atrás para situar el estado de la economía española, a la búsqueda de cuándo se registró por última vez una tasa de paro superior al 10%, o un crecimiento del PIB débil, por debajo del 2%. Es un ejercicio estadístico que debe hacerse, pero sin sacar las cifras de contexto, porque la caída del crecimiento es reciente, tras una década de abundancia difícilmente repetible, que coincidió con el aumento considerable de la ocupación, mientras que los precios --incluído el del dinero, el tipo de interés-- fueron inusitadamente bajos. Lo que ha cambiado ha sido el precio del petróleo. De manera sencilla, se explica que hace un año la inflación estaba en el 2,5% y el barril de petróleo cotizaba a 70 dólares. Ambas cifras se han duplicado en un año: 5% de inflación y más de 140 dólares para el oro negro. Y en España, para agosto, más inflación. Entre otras causas, por la subida de tarifas de la electricidad, que el Gobierno presenta como necesarias para ajustar el coste de generarla con el cobro del recibo doméstico. Cierto, pero falaz, porque sigue faltando transparencia de las compañías eléctricas sobre el coste real del kilovatio según se genere con agua, viento, petróleo o uranio.