Querido lector, decía estos días un destacado periodista de Castellón, que desde que Carlos Fabra insultó de "hijo de puta" a Francesc Colomer, no hemos tenido ni un momento de calma mediática. Se refería, claro, a que el nombre de Castelló y C. Fabra recorre las redacciones de las televisiones, de las radios, de los periódicos y las páginas web. ¡Verdad indiscutible! Solo hay que ver, escuchar o leer. Aunque, no es menos cierto que, por desgracia, lo ocurrido no es un hecho insólito ni aislado, no es una novedad que nos pille de improviso. En estos últimos años, la vida política castellonense está llena, demasiado, de actitudes y quehaceres de C. Fabra que, más allá de la simple noticia y porque se aproximan a la línea que marca la ilegalidad o la inmoralidad, se transforman en escándalo o pululan por esos ámbitos.

Querido lector, no crea que por el hecho de señalar que este tipo de sucesos son habituales y estamos medio acostumbrados, he querido quitarle importancia, condena o responsabilidad a la tropelía que representa ver al presidente y moderador de una institución de la democracia, insultar o mofarse del líder de la oposición. ¡Ni mucho menos! Entre otros motivos porque en democracia parlamentaria, la palabra, el diálogo, la exposición de argumentos en el ejercicio de la libertad de expresión, son aspectos esenciales que no se pueden ni se deben coaccionar ni cercenar. En caso contrario, y como pasa con Fabra y en la Diputación de Castellón, se violan derechos y se debilita la credibilidad y la función de la institución y del sistema democrático. Pero, a pesar de lo dicho, lo que quiero señalar es que después de tantos años escuchando historietas increíbles, ciertas e inventadas, sobre la vida y obra de C. Fabra en la Diputación de Castellón, una más, la última o la que viene, es igual, ya no me escandaliza ni me aporta nada nuevo. Por eso, desde hace ya tiempo lo que siento es mala leche, pero contra el conseller y el ministro de Justicia, contra el Fiscal General y el de Anticorrupción, contra el Consejo General del Poder Judicial y contra la justicia en general.

Querido lector, me explico: un partido, como el PP, puede olvidar y traicionar su código ético y por el poder y sus prebendas mantener sin expulsar a un afiliado aunque este sea cargo público y esté siendo juzgado por presuntos delitos contra la Administración. Otro partido, como el PSPV-PSOE, puede estar en la oposición durante años y años y ser incapaz de ganar las elecciones o de generar un clamor social que obligue a dimitir al presunto. Incluso, puedo entender, que un Estado democrático y de derecho es garantista, y por lo tanto, un poco lento en procesos judiciales. Lo que no podemos tolerar, porque es lo peor de todo, es la tardanza del caso Fabra y sus consecuencias.

Es evidente que, por falta de medios, por excesiva politización o, por lo que sea, lanza una imagen de ineficacia y desconfianza sobre la justicia y todo el sistema judicial. Demuestra que la democracia aún no tiene medidas que siendo imprescindibles y urgentes que garanticen con rapidez, y cuando haya fundadas dudas, la función social de la política, de los políticos y, al tiempo, el quehacer legal de las personas en las instituciones. Ayuda, si duda, a dar la impresión, junto con otros asuntos, que la democracia no ha resuelto bien la cosa de la justicia o, si prefiere, que la justicia no ha pasado, del todo, por el tamiz de la democracia. Por lo tanto, y según mi criterio, lo peor no es lo que dicen que ha hecho o ha dejado de hacer, lo peor es que sigue ahí sin ser juzgado y, a los ojos de la gente, como si no pasara nada. Acostumbrándonos o manteniéndonos en esa falsa leyenda urbana que dice que un político puede hacer lo que quiera o, simplemente, que la política está lejos de la justicia.

Experto en extranjería