La mala fama que, merecidamente, arrastran las comisiones de investigación parlamentarias en nuestro sistema democrático acaba de acumular un nuevo argumento: el infame carpetazo dado por la Asamblea de Madrid a la investigación de los presuntos espionajes a cargos públicos de esa comunidad. Una vez más, el férreo control partidista de las instituciones legislativas se ha impuesto al mandato ético que los diputados deberían asumir cuando son llamados a investigar un caso turbio como el que estalló hace unos meses a propósito de las denuncias de seguimientos e informes secretos sobre los movimientos de políticos madrileños. La responsabilidad del precipitado cierre de esta comisión debe achacarse en exclusiva al PP, y más concretamente a la porción del partido de la derecha que controla la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien desde hace meses acaricia la idea de presentarse como alternativa a Mariano Rajoy.

Los trabajos de la comisión han sido una impresentable chapuza, y baste solo el dato de que los presuntos espiados --cargos relevantes del Gobierno madrileño o del Ayuntamiento-- ni siquiera han sido llamados a comparecer. Estamos, por tanto, ante un flagrante ejercicio de cinismo político, sobre todo porque el argumento para finiquitar la comisión son informaciones aparecidas en la prensa en las que se subrayan contradicciones con las denuncias pero nunca niegan el núcleo del escándalo.