Los ayuntamientos costeros de la provincia de Castellón se oponen a tener que pagar por organizar eventos deportivos durante la campaña de verano. La experiencia de la corporación de Valencia, que ya ha anunciado que suspenderá todos los programados, ha activado la alarma. La razón argumentada: las reiteradas sanciones que le ha impuesto la dirección general de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. La ley prohíbe expresamente la publicidad a través de carteles o vallas en los 100 metros de dominio marítimo terrestre.
Las administraciones locales se plantean este tipo de actividades al borde del mar como un atractivo más para el turismo y el ocio estival, algo que choca de lleno con una normativa de 1988 y que, en su esencia, persigue la protección medioambiental del entorno costero. La base de la ley es incuestionable, aunque ahora se plantea una modificación que permita la práctica del voley-playa o cualquier otro evento similar.
El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, será el encargado de liderar esta propuesta de cambio en una reunión de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pues se trata de un problema global que afecta a todos los municipios costeros, sobre todo a aquellos que sustentan su economía en el turismo. Eliminar el canon de explotación, tanto para los ayuntamientos como para los organizadores, es el objetivo de la iniciativa.
