Por desgracia una vez más tenemos que volver a hablar del aborto. No conocemos aún el anteproyecto de ley del Gobierno; pero si conocemos su determinación y la de los partidos que le apoyan a ampliar la despenalización del aborto, e incluso su voluntad de eliminarlo como delito. La propaganda se ha puesto en marcha con todos los medios a su mano. Se camufla el lenguaje para minar las conciencias y hacerlo socialmente aceptable: se habla de "interrupción voluntaria del embarazo", para ocultar que en realidad se trata de eliminar a un ser humano. Se habla incluso de un inventado "derecho de la mujer al aborto", al que se pone por encima del derecho fundamental y básico a la vida de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural.
Por más que se nos descalifique, una vez más, tenemos que afirmar que el aborto provocado es en sí mismo una acción gravemente inmoral. Aunque la ley lo permita, aunque una mayoría parlamentaria decida lo contrario, abortar es moralmente ilícito, pues supone siempre la eliminación de una vida humana y la destrucción del propio hijo.
Cuando acabamos de celebrar el 60° aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, hay que recordar que el derecho a la vida es el más fundamental de todos los derechos humanos. Es una ironía hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios, privados o públicos, para destruir vidas humanas indefensas.
La protección jurídica de los derechos fundamentales debe ser una prioridad para todo Estado. Como nos ha recordado Benedicto XVI no puede existir un orden social o estatal justo si no respeta la justicia, y la justicia sólo puede alcanzarse con un previo respeto a los derechos humanos.
