El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no para de proporcionarnos emociones fuertes. Esta semana, cuando aún no se habían apagado los ecos de la remodelación del Gabinete, se han producido dos episodios que afectan a las más profundas raíces del sistema político. Por un lado, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuestionó el pasado miércoles la viabilidad del sistema público de pensiones, lo que, amén de inquietar a millones de pensionistas, recibió al día siguiente una airada respuesta por parte del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Y por otro, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se quejó en público el jueves de que la Policía Nacional no le atiende --y sí lo hace a requerimientos del juez Garzón-- cuando le reclama determinadas actuaciones antiterroristas como, por ejemplo, investigar si el entorno etarra prepara listas electorales para las europeas.

Dos auténticos bombazos que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, trató ayer de declarar zanjados, pero que evidencian que el proyecto político que representa el Gobierno socialista tiene algunas fisuras no precisamente menores, pues afectan a la columna vertebral del Estado de bienestar y a la batalla contra ETA.

El presidente del Gobierno tiene mucho trabajo en los dos frentes para restablecer la calma que siempre se requiere.