La reforma laboral ha iniciado su trámite parlamentario. Los datos conocidos permiten afirmar que cuando salga del Congreso de los Diputados tendrá diferencias notables respecto del texto que ayer fue convalidado por el pleno. Y de las pocas propuestas conocidas de los grupos que permitieron con su abstención la tramitación del decreto ley se puede interpretar que el color de las enmiendas que se añadirán al proyecto no irán en la línea de las tesis sindicales. De hecho, el propio Grupo Socialista trató de convencer a su dirección y al Gobierno de que negocie las modificaciones con el PNV y ERC, no con el Partido Popular y CiU, como parece que hará.
El Partido Popular ha aprendido del error que cometió el 27 de mayo cuando se dejó llevar por el instinto y estuvo a punto de dejar al país a los pies de los caballos, con un plan de ajuste –el tijeretazo– rechazado por su Parlamento. Algo que no ha ocurrido ni en Grecia. La reprimenda de sus correligionarios europeos, y quizá la existencia de eso que CCOO y UGT llaman pactos secretos, le llevó a adoptar ayer una postura más coherente y abstenerse en la votación, lo que contribuyó a la aceptación del decreto ley. Era el mismo día en que el nuevo Gobierno conservador británico presentaba un drástico plan de recorte de gasto público que incluye una subida del IVA de 2,5 puntos.
De esta forma, el proyecto de reforma laboral, nacido del desencuentro en el diálogo social, va tomando forma. Tanto el PP como CiU han puesto importantes reparos al texto gubernamental, aunque más implícita que explícitamente reconocen que sienta las bases para introducir modificaciones estructurales y de calado en la legislación laboral española. Los dos partidos que podrían convertirse en los principales enmendantes del texto coinciden, por ejemplo, en que se deben aplicar más cambios en la negociación colectiva en la línea de facilitar el descuelgue de las empresas en convenios sectoriales o territoriales que no les convengan.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se apunta a esa misma crítica cuando analiza la reforma en cuestión, aunque su independencia le permite decir abiertamente que el proyecto también contiene elementos de modernización de las relaciones laborales.
