De los 27 países de la UE, junto a España, tan solo, Irlanda, Grecia y Rumania han recortado el sueldo a sus empleados públicos.

Ellos pagan los errores de un ejecutivo socialista que ha permitido que solo en los dos años de la presente legislatura el empleo público crezca en 215.200 personas, mientras el número de parados lo hacía en 2.438.500. En este mismo tiempo han reducido 100.000 empleos públicos en Francia y 73.000 en Portugal.

Por ello el PSOE ha sufrido ya su primera huelga en la función pública y ahora se anuncia una general aplazada, con la gran diferencia de que el Partido Popular no se suma a ninguna de ellas. Aunque tengan razón los trabajadores, parar un país no resuelve el problema, a pesar de que los socialistas fueron los auténticos organizadores de la que se hizo al Gobierno popular en el 2002, en plena presidencia española de la Unión y en el día anterior a la reunión de presidentes de Sevilla.

Las medidas de bajada salarial a los empleados públicos, y de congelación de las pensiones, para ahorrar 8.000 millones de euros eran algo evitable, con no haber adoptado cualquiera las tres decisiones --dos planes E y deducción de los 400 €-- que suman 19.000 millones y a las que mostramos nuestra oposición, era suficiente.

La Administración de Zapatero es la más politizada y la menos austera en la historia nacional. Solo en altos cargos y personal eventual el gasto es de un 45% más que en la etapa de Aznar, con menos competencias.

Tras oponerse a la reestructuración del sector público propuesta por el PP, que le llevó a la vicepresidenta, Fernández de la Vega, a responderme en el mes de marzo que “los que necesitan un plan de reestructuración y saneamiento de las ideas son ustedes”, finalmente, forzados desde Bruselas, aprobaron en abril, el plan de racionalización de estructuras del Estado, que redujo en 33 los altos cargos, 31 de ellos recolocados en la misma Administración, y el resultado ha sido que en el mes de mayo el gasto en personal del gobierno socialista ha crecido en más de un 10%.

A lo que hay que adicionar un gasto de 235 millones de euros en publicidad en el 2009, año en el que se alcanzaron los 56.836 teléfonos móviles al servicio de la Administración central. Socialismo en estado puro. H