La reforma laboral ya está casi cerrada. Y como se decía antes en los ambientes teatrales, el éxito ha sorprendido a la propia empresa, o sea a los empresarios. La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves unas modificaciones sobre el proyecto aprobado el mes pasado por el Consejo de Ministros que precisan, aclaran y también facilitan el despido por causas económicas, ya incluido en la legislación vigente, pero de escaso uso por su difícil aplicación.

En adelante, una empresa justificará este tipo de despido, que prevé una indemnización de 20 días de sueldo por año, por la existencia de “pérdidas actuales o previstas o la disminuación del nivel de ingresos que pueda afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”. Como se ve, el texto prevé facilitar la reducción de plantilla para conservar los puestos de trabajo, algo contradictorio. Emilio Olabarría, el diputado del PNV en el Congreso con el que el PSOE consensuó la enmienda, definió anoche de forma muy gráfica el desorden y la precipitación que presidieron las negociaciones: “Ninguno sabemos lo que hemos hecho”.

El resultado, no obstante, sí tiene una dirección clara, porque contrariamente a lo que defendían la patronal y los partidos que han actuado en el Congreso como su lobi, el gran objetivo era abaratar el despido. Y se ha logrado. La enmienda pactada ayer con tantas premuras venía a mejorar otra presentada por el PSOE 48 horas antes, en la que incluso se justificaba el despido por causas económicas por la falta de liquidez y por la caída de los beneficios.

El proyecto de ley fue aprobado gracias a la abstención de CiU y del PNV, que dejan al Gobierno solo ante la responsabilidad de una reforma laboral mucho más profunda de lo que se había anunciado. El PP votó en contra, junto a los grupos de izquierda, y anunció que forzará la modificación del texto a su paso por el Senado porque, en su opinión, no contenta a los agentes sociales. Pero es dudoso que ocurra. El PSOE ha introducido los cambios que tanto las patronales como los expertos reclamaban: desjudiacilizar los despidos baratos por causas económicas, precisar las causas para restar protagonismo a los jueces en las reclamaciones de los trabajadores.