Hace una semana se constituyeron las nuevas corporaciones municipales surgidas de las elecciones del 22 de mayo. Los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón elegimos ese día a quienes debían representarnos en nuestros ayuntamientos. Un ejercicio de democracia real: 290.000 castellonenses (el 70 por 100 del electorado) determinamos con nuestro voto quiénes debían asumir el liderazgo institucional de nuestro pueblo o de nuestra ciudad.
Los gobiernos locales, legitimados por la decisión de la ciudadanía, deberán asumir difíciles e importantes retos en el tiempo complejo que estamos viviendo. Sin duda el mayor de ellos será contribuir a crear las condiciones necesarias para la reactivación económica y la generación del empleo en sus municipios. Y en ello los ayuntamientos deben contar, imperiosamente, con la colaboración leal del resto de administraciones públicas. El Gobierno de España, el Govern de la Generalitat y la Diputación han de hacer causa común con la administración local para avanzar en el cambio que precisamos. Hemos de apostar por aquello que nos diferencia en la excelencia, por lo que sabemos hacer bien y nos singulariza en un mundo tremendamente competitivo. Y todo ello sin abandonar la realidad cotidiana, sin dejar a nadie en la estacada, sin renunciar a la exigencia democrática de una recuperación solidaria.
Regeneración económica, sí. Y regeneración política e institucional. Ese es el segundo mandato que deben interpretar los alcaldes y alcaldesas y el conjunto de los munícipes de la acción política del electorado castellonense. Nadie puede entender el resultado de las elecciones como la firma de un cheque en blanco para decidir sin convencer o para actuar sin consensuar.
Vivimos un tiempo crucial en el que tenemos sobre el tablero de juego lo esencial de nuestra forma de vivir y convivir. No es una cuestión menor. Creo, francamente, que es la cuestión mayor. Los ayuntamientos son la administración más próxima al ciudadano, la que la gente sentimos más propia, más nuestra. Son, también, la administración con mayor recorrido histórico, la más venerable. La ciudad, la polis, es el principio de la política; en ella nació la democracia, el gobierno del pueblo.
Pero la democracia no se reduce al ejercicio del voto cada cuatro años. Las elecciones son parte esencial de la democracia; no existe esta sin aquellas, pues es el voto libre y responsable de los ciudadanos y ciudadanas el que legitima la acción de los poderes públicos. Siendo esto así, es imperativo, no obstante, que el ejercicio del gobierno por parte de los gobernantes se lleve a cabo en conversación pública y transparente con una ciudadanía proactiva que vea garantizados los cauces de debate e influencia sobre la gestión de la res publica. Y es que el valor último de la democracia, aquello que la hace fuerte y sólida, es la participación del pueblo en la toma de decisiones de lo que le incumbe.
Para ello es imprescindible que los responsables públicos sepan escuchar lo que dice la gente y explicarle su acción de gobierno. Hablar con razón y con verdad, abiertamente a la ciudadanía. Buscar y encontrar su complicidad para profundizar en la democracia, sin caer en el populismo que termina por acabar con ella. Y hacerlo siempre con lealtad hacia el bien común y las normas que legítimamente nos hemos dado.
Los 135 alcaldes y alcaldesas de Castellón han asumido el compromiso y la responsabilidad de liderar sus pueblos y ciudades en tiempos difíciles. Merecen por ello el respeto de todos y de todas; respeto mutuo que exige reciprocidad hacia la ciudadanía soberana en forma de más y mejor participación en la vida pública. H
