Querido lector:
Tras la sesión de toma de posesión ante el parlamento autonómico, seguramente Francisco Camps, dará a conocer hoy o mañana a los miembros que integrarán el gobierno valenciano y que deberán llevar a cabo las políticas anticrisis en sus competencias autonómicas.
Fuera de los criterios que el president habrá empleado para esta elección y para la nueva estructura de gobierno con menos departamentos,, una cosa es segura. El nuevo Consell deberá acometer políticas duras en relación al déficit público de las arcas de la Generalitat, en relación al control de la deuda y en relación a la austeridad y los recortes que caracterizarán parte de la legislatura que comienza en la administración y en empresas públicas. Ayer mismo el presidente del lobi empresarial valenciano AVE, Vicente Boluda, se lo recordaba.
Pero al mismo tiempo, el nuevo Consell debe ser un gobierno dinamizador de las economías regionales y locales en la Comunitat. Y para ello deberá dar ejemplo dejando de ser una administración morosa y comenzando a pagar a los proveedores propios. Y deberá acometer políticas activas en relación a facilitar líneas de crédito preferencial a autónomos, pequeñas y medianas empresas, al estilo del acuerdo que firmó ayer con la organización Cepymev y 11 cajas y bancos.
Y en relación a Castellón, este nuevo gobierno tendrá la obligación de recuperar las tareas que ha dejado de hacer en los últimos años, principalmente en inversión en obra pública directa en infraestructuras viarias y dotacionales y en materia de dotaciones de personal para el funcionamiento de centros asistenciales, sanitarios o sociales, así como una agilización de trámites urbanísticos y de planes promocionales turísticos. Casi nada.
