Todo indica que la decisión del Gobierno de acabar el 1 de julio con el límite de 110 kilómetros por hora en autovías y autopistas tiene un cierto componente electoralista. Las recomendaciones de los técnicos de Industria y de Tráfico apoyaban la prórroga, que ha sido rechazada, al parecer, tras un fuerte debate y una clara división en el Consejo de Ministros. En una reunión presidida por Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha puesto fin a la limitación valorando sobre todo la supuesta impopularidad de la medida. Puede que la limitación sea impopular, aunque, tampoco se entiende que haya habido que pagar ese coste en popularidad para mantener la medida apenas cuatro meses.

Pero esa debe ser la razón porque los argumentos ofrecidos por Rubalcaba para volver a los 120 km/h no son suficientemente convincentes. Al contrario, más bien se justificaría la prórroga si es cierto que el ahorro en la balanza de pagos ha sido, como calculan las primeras estimaciones, de 450 millones de euros, frente a los escasos 230.000 euros que costó técnicamente el cambio en las señales. Tampoco convence el argumento de que el petróleo ha bajado y que seguirá el descenso. En definitiva, mucho ruido y pocas nueces.