El aterrizaje de Bildu en las instituciones vascas ha encrespado los ánimos de los grandes partidos, sobre todo del PP. Gestos políticos con mucho significado como impedir que los escoltas de los ediles amenazados puedan entrar en los ayuntamientos han inquietado a las fuerzas no aberzales. Decisiones con un valor simbólico evidente han hecho temer por la lealtad institucional y el respeto por la ley de la coalición. Otras circunstancias asociadas al ejercicio del poder –el acceso a la situación económica de cientos de miles de ciudadanos– son motivo de alarma para quienes ven detrás de Bildu el aliento de la banda ETA.

A la vista de este panorama que muchos aprovechan para cargar las tintas y culpar al Gobierno de cuanto ocurre, conviene recordar que Bildu concurrió a las elecciones del 22-M respaldada por una decisión judicial, y que cosechó unos resultados excelentes después de una campaña en la que actuó en igualdad de condiciones con otras fuerzas. Y es necesario subrayar que si ha obtenido una cuota de poder local respetable ha sido gracias a la incapacidad de los partidos tradicionales –en especial el PNV–, que han preferido dar alas a la coalición a ponerle coto mediante pactos. Lo cual no quita para que deba exigirse a Bildu cumplir la ley y respetar los símbolos.