En la iglesia de Santa María de Castellón, en la misma puerta principal, hay una losa cuya inscripción recuerda que en aquel preciso lugar yace el obispo Climent.

Hoy raramente se practican enterramientos en templos e iglesias, una costumbre que se popularizó en tiempos medievales y que se mantuvo durante siglos. Y a pesar de que la legislación civil y la eclesiástica prohibían los enterramientos en aquellos lugares, salvo que se tratara de clérigos o nobles, la gente continuaba disponiendo en sus testamentos que a su muerte deseaba ser depositada en ellos.

Ordenanzas como la dada en el año 1415 en la villa de Castellón en la que se decía que “la església no deu ésser fossar de cossos morts” caían, más bien, en saco roto porque muchos intereses jugaban en contra de tales normativas. De una parte, estaba la creencia popular de que la proximidad, después de muertos, a tal o cual santo objeto de devoción en vida era fundamental para la salvación del alma. De otra, el pago que necesariamente había que hacer para ser enterrados allí y que constituía una sustanciosa fuente de financiación para las arcas de los distintos templos.

La saturación de cadáveres y las malas condiciones higiénicas llevaron a situaciones extremas como la vivida aquí en 1790 en que “aviéndose advertido que en la iglesia parroquial se exala un hedor y putrefacción intolerables, y que puede causar graves perjuicios a la salud publica” obligaban a tomar medidas urgentes al respecto.

Con todo, no fue hasta el siglo XIX cuando se atajó de raíz el problema con prohibiciones radicales y el alejamiento de los cementerios de los centros urbanos. H